viernes, 18 de diciembre de 2009

Más condenas

Condenados a 208 años los etarras que colocaron un coche-bomba en Salou

Madrid, 18 dic (EFE).- La Audiencia Nacional ha condenado a 208 años y tres meses de prisión a los etarras Ismael Berasategi, Xabier Zabalo y Ainhoa Barbarin por la colocación de un coche-bomba, el 18 de agosto de 2001,en un hotel de Salou (Tarragona), cuya explosión hirió a una veintena de personas.

Los tres, para los que el fiscal solicitaba 223 años de cárcel, están acusados de un delito de estragos terroristas, tres de lesiones gravadas, quince de lesiones, uno de robo con fuerza y otro falsificación con finalidad terrorista, aunque han sido absueltos de integración en organización terrorista, por lo ya fueron condenados por un tribunal francés en 2008.

También deberán indemnizar a ocho víctimas con 100 euros por día de sanidad y 150 euros por día de impedimento, y a tres de ellas con 20.000 euros adicionales y a otra con 500 euros por haber sufrido secuelas más graves, y no podrán acercarse a la localidad de Salou ni a los heridos durante cinco años.

Asimismo, tendrán que abonar por daños materiales en los bienes muebles e inmuebles las cantidades de 147.743,35 y 645.130,36 euros.

El fallo destaca que el límite de efectivo cumplimiento de las penas de cárcel no excederá de 25 años, sin perjuicio de que los beneficios penitenciarios serán aplicados sobre la totalidad de las condenas impuestas.

La sala considera probado que Berasategi, Zabalo y Barbarin constituyeron a finales de 1998 el "comando Behorburu", bajo las ordenes directas del aparato militar de ETA, que les facilitaba los medios materiales y económicos para cometer atentados.

Berasategui alquiló en enero de 2000 un local en Urretxu (Guipúzcoa) y constituyó junto con Zabalo una empresa dedicada al lavado y limpieza de vehículos, aunque en realidad los locales se utilizaban para ocultar coches previamente sustraídos y preparar los explosivos que luego colocaban en ellos.

El 10 de agosto de 2001 sustrajeron un coche en Ondarroa (Vizcaya) y lo trasladaron a Urretxu donde lo ocultaron y colocaron un artefacto explosivo, compuesto por unos 50 ó 60 kilos de tytadine, así como placas falsas y, una vez preparado, Berasategui y Barbarin lo trasladaron hasta Salou.

A las 07:16 horas del 18 de agosto, Berasategui llamó a la DYA de Guipúzcoa para avisar de que a las ocho de la mañana iba a estallar un coche-bomba en el aparcamiento del hotel Calafont, por lo que las fuerzas de seguridad desalojaron el establecimiento y, a las 08.03, se produjo la explosión, que provocó lesiones a una veintena de personas, entre ellas tres guardias civiles y varios niños.

Según la sentencia, el testimonio de un agente que intervino en la inspección ocular "sitúa en la magnitud de la deflagración" y recuerda que, según apreció el testigo, "si bien la calle era ancha, por ser de doble sentido, se pudo haber generado una gran masacre".

Los informes periciales constatan, prosigue el fallo, la coincidencia entre algunos materiales intervenidos en el domicilio de Berasategi con restos de las explosiones producidas en Barajas, Málaga y Salou, todas en 2001, "alcanzando mayor relevancia las similitudes" de los temporizadores, detonadores, explosivos y cordón detonante.

A ello se une las placas de matrículas falsas colocadas en los coches-bomba de Barajas y Málaga, que "dotan de convicción a la hipótesis de un plan articulado para causar miedo y daños colaterales en el curso del verano de 2001".

La sala asegura que Berasategi es "el responsable", dado que tenía una carta con la dirección y fue él quien alquiló el local, mientras que en casa de Barbarin se encontró un plano de Salou y un croquis a mano alzada para centrar una entrega de material.

Sobre la acusada, aunque sus dos compañeros negaron su participación en el juicio celebrado el pasado 10 de diciembre, la sala sostiene que cooperó "en todas o en algunas actividades del comando".

Violencia callejera

El fiscal mantiene cinco años de prisión para cuatro acusados de violencia callejera en Vizcaya

Madrid, 18 dic (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha elevado a definitiva su petición de cinco años de prisión para los cuatro acusados de un delito de daños terroristas en el depósito municipal del Ayuntamiento de Markina (Vizcaya) en 2006.

El fiscal ha añadido en el juicio que se ha celebrado hoy en este tribunal el agravante de disfraz para los acusados Estebe Gandiaga, Borja Oregui, Unai Arequistain y Mikel Onko, a los que pide también que indemnicen al Ayuntamiento de Markina con 37.719,5 euros por los desperfectos.

Los cuatro, que sólo han respondido a las preguntas de la defensa, han negado su participación en los hechos, aunque Gandiaga, que sí la había reconocido en declaraciones policiales tras su detención en enero de 2008, ha denunciado que los funcionarios le pegaron, le amenazaron con su novia y su hermano e incluso le "tiraron del pelo".

Ninguno ha admitido encontrarse en Markina la noche del suceso, afirmación que ha sido respaldada por varios testigos de la defensa, entre ellos, la prima y la ex novia de Gandiaga, la tía de Oregui o la pareja de Onko.

También ha declarado como testigo el alcalde de Markina, Javier Alberdi (PNV), quien ha indicado que él no tuvo conocimiento de los hechos hasta las 7:30 horas del 8 de marzo, tras lo cual presentó una denuncia por los daños ocasionados.

Ese día, según el fiscal, penetraron "en una hora no determinada de la madrugada" en las dependencias del depósito municipal de Markina, donde Onko roció de gasolina una máquina hidrolimpiadora y después Gandiaga le prendió fuego.

Ambos repitieron la misma acción con un remolque de transporte de mercancías y posteriormente vertieron unos botes de pintura sobre una furgoneta y dos máquinas barredoras.

Gandiaga -condenado a seis años de prisión el pasado mes de octubre, junto con Oregui y otros seis acusados más por un delito de pertenencia a organización terrorista- realizó además pintadas en las paredes exteriores del depósito, mientras los otros dos acusados vigilaban para evitar ser sorprendidos.

Para el fiscal, los cuatro realizaron estas acciones dentro de la campaña de "kale borroka" desarrollada por el entorno de ETA y que, en compañía de otras personas que no han podido ser detenidas, constituían un "talde Y" de apoyo a la estrategia de "hostigamiento social" de la banda terrorista.

jueves, 3 de diciembre de 2009

Homenaje a las víctimas del terrorismo

Emotivo homenaje a las víctimas del terrorismo en Vitoria

El Teatro Principal de Vitoria fue este domingo escenario del III Acto Institucional de Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo organizado por el Gobierno Vasco, que congregó por primera vez a todas las asociaciones y colectivos de víctimas del país.

Setecientas víctimas y familiares estaban invitadas y el aforo del teatro de 900 personas se quedó pequeño para acogerles a ellos y a los representantes sociales, políticos e institucionales que se sumaron al homenaje.

Para el lehendakari, Patxi López, era su primer homenaje a las víctimas en calidad de máximo representante institucional vasco.

Inició su intervención, la que cerró el acto, con una mención especial a los lehendakaris que le precedieron presentes en el acto, Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe, y aprovechó para hacer un llamamiento por "la deslegitimación de la violencia" y para no "dejar impune a la ideología" que fuerza a los terroristas a serlo.

"Nadie nace queriendo ser un asesino terrorista, es un acto de voluntad. Para eso hace falta un largo viaje. Un camino allanado por la desidia social ante la sangre ajena, un sendero por el que han empujado a muchos jóvenes vascos los aplausos de otros ciudadanos", declaró López.

"Hay ideas que son alas para volar hacia la violencia. El terrorista mata con bombas y se defiende con falsas ideas. Ideas compartidas por otros que los utilizan como arietes".

El lehendakari animó a denunciar "todas las ideas que reniegan de la convivencia", y "todas las propuestas políticas que renuncian a las normas democráticas para imponer por atajos totalitarios y violentos sus objetivos".

Aunque aseguró que "estamos ganando la batalla a los terroristas" a quienes "les queda poco tiempo", puso especial énfasis en la necesidad de "reforzar nuestras convicciones democráticas, extender los valores que dignifican la condición humana y desterrar actitudes totalitarias para que nunca más el hierro ensangrentado esté en manos de ciudadanos vascos".

En este punto hizo mención a los tiempos en los que tras un atentado terrorista "no surgían voces de protesta" y en los que, en una alusión poco esperada a la guerra sucia contra ETA, hizo referencia a los momentos en que "se buscaron atajos indefendibles para atacar al terrorismo". "Atajos que nos hicieron más débiles frente al horror", dijo.

MAPA DE LAS VÍCTIMAS

La principal organizadora del evento, la directora de Atención de Víctimas, Maixabel Lasa - viuda del ex-gobernador de Guipuzcoa Juan María Jauregui - anunció el inicio de una nueva etapa en el trabajo que realiza su departamento en la que la que al sufrimiento dará paso la memoria, con la elaboración de un mapa que destacará en la cartografía del territorio vasco los lugares "en los que se honra la memoria de los asesinados por la barbarie terrorista".

Un vídeo puso imagen a lugares en los que cayeron asesinados víctimas de ETA y después, seis familiares de víctimas expusieron sus razones y sus sentimientos ante los congregados.

Allí estuvieron la viuda del agente de la guardia civil Juan Manuel Piñuel, de 41 años y asesinado en Legutiano (Álava) el 14 de mayo de 2008; la esposa de Luis Conde de la Cruz, brigada del Ejército de Tierra asesinado el 22 de setiembre de 2008 en Santoña (Cantabria); la hija del empresario Inaxio Uria, asesinado en Azpeitia el 3 de diciembre de 2008; la viuda del inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles, asesinado en Arrigorriaga (Vizcaya) el 19 de junio de 2009 a la edad de 49 años.

En último lugar intervinieron el padre y la madre del agente de la guardia civil, Diego Salvá, asesinado en Mallorca el 30 de julio pasado. Su madre, Montse Lezaun tuvo uno de los discursos más emotivos. Fue improvisado porque no estaba previsto, y emocionante porque expresó su deseo de detentar durante "mucho, mucho tiempo" el título de ser la madre "de la última persona asesinada por ETA".

"Que yo sea la última, que Diego sea el último, porque una madre nunca se cansa de esperar (...) Desde el 30 de julio ostento un título que me gustaría mantener mucho, mucho, mucho tiempo. Soy la madre de la última persona asesinada por ETA".

¿Autocrítica?

ETA advirtió de que su distancia con el pueblo se iba haciendo "insostenible"

Madrid, 29 nov (EFE).- La banda terrorista ETA alertó a sus militantes de que están "tan separados del pueblo que la distancia se está haciendo insostenible", una distancia que se extendía incluso con su "propia base", según los documentos incautados al dirigente etarra Ekaitz Servent, detenido en París el pasado abril.

Así consta en el auto de 59 folios dictado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, en el que el magistrado justifica su decisión de haber enviado a prisión a 31 de los 35 presuntos miembros de Segi detenidos esta semana en la operación desarrollada conjuntamente la Policía y la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra contra la cúpula de la organización ilegalizada.

Dicha operación se desencadenó a partir de unos documentos requisados a Sirvent, en uno de los cuales, bajo el título de "La Organización de la revolución juvenil en Euskal Herria", el responsable del aparato político de ETA destacaba que "uno de los elementos más importantes es la planificación de la militancia".

A la "falta de formación" de los militantes que Sirvent denuncia en el material citado por el magistrado se suma que, desde la ruptura de la tregua en junio de 2007, "la maquinaria represiva del estado español se va a encargar de ir golpeando duramente a la organización juvenil".

Pero, además, el dirigente de ETA advierte: "Estamos tan separados del pueblo que la distancia se está haciendo insostenible. Hemos encendido las alarmas al notar que esta distancia incluso con nuestra propia base, aumentada por el cerco mediático y represivo, podría hacernos mucho daño en el corto plazo".

"Si nuestra distancia con la base social es tan amplia, la distancia con el pueblo en general es todavía más grande y más peligroso de lo que pensamos", añade Sirvent.

A juicio de Marlaska, todo ello demuestra una "dinámica prevista por ETA para dirigir hacia sus fines a la juventud del País Vasco y Navarra, e incluso a la de otras comunidades autónomas".

Una "dinámica de lucha", que incluía un "boikot a diferentes marcas (Coca-Cola)...", precisa Sirvent en el material citado por el magistrado, quien considera que este documento es una "directriz" de ETA a Segi, organización a la que define como "auténtica academia terrorista" y "coordinadora" de todo el entramado que la banda "ha generado para la movilización juvenil".

El juez insiste en que "la organización terrorista Segi, bajo la dirección de ETA, se dedica a dirigir los movimientos juveniles, sirviendo a los fines de la última y coordinando entre otros actos la coacción a distintos colectivos sociales, así como la denominada 'kale borroka'".

Tras esta argumentación, Marlaska decidió enviar a prisión por delitos de integración terrorista a 31 de los presuntos miembros de Segi detenidos esta semana, en contra del criterio del fiscal, que pidió cárcel para todos ellos.

A tres de los cuatro que dejó en libertad les impuso comparecencias semanales y la obligación de comunicar su domicilio y no salir del territorio nacional. Al último de los que no han sido encarcelados, Iker Martínez, detenido en las inmediaciones de la Audiencia Nacional cuando iba a entregarse al juez, le ha impuesto la obligación de presentarse en el Juzgado cuando se le reclame.